Localívoros
En 2004, Barbara Kingsolver y Steven Hopp decidieron hacer un alto en el camino para
lanzarse a un proyecto vivencial que rumiaban desde hacía tiempo. Tras vender su casa en
la desértica ciudad de Tucson, en Arizona, el matrimonio puso rumbo al frondoso territorio
de Virginia, donde eran propietarios de una granja que supusieron como el emplazamiento
idóneo para enfrentar su plan de “aprender a comer deliberadamente”.
El propósito de Kingsolver y Hopp, una escritora de éxito y un profesor de estudios
medioambientales, consistía en abstenerse de consumir durante al menos doce meses
cualquier clase de alimento “procesado”. Para ello, este matrimonio de cincuentones,
padres de dos hijas, pensaba cultivar un huerto y completar la “autoproducción” hogareña
con la compra exclusiva de aquellos productos de temporada que encontrasen en las
despensas vecinas.
Las vicisitudes de ese intenso año, en el que los neoagricultores obtuvieron con sus sudores
tres cuartas partes de las viandas que pusieron sobre el mantel, han quedado
documentadas en un luminoso ensayo cuyo título juega con la rima irreproducible que en
inglés crean las palabras animal, vegetal y milagro (Animal, Vegetable, Miracle). Un libro
miscelánea que puede leerse, indistintamente, como una obra de divulgación sobre
dietética, un manual de economía doméstica, una novela de aventuras o un volumen de
memorias.
Aunque en su insólita resolución pesaron razones biográficas, con su programa de
agricultura a pequeña escala los Kingsolver-Hopp pretendieron hacer un gesto de
insumisión contra la tiranía de una industria alimentaria que, además de diseminar una
pandemia feroz de obesidad y diabetes, está desbaratando en los cinco continentes el
modus vivendi tradicional en los entornos rurales y contribuyendo significativamente, con el
dispendio energético que acarrea el muchas veces caprichoso transporte de mercancías, a
la contaminación del planeta.
“Buscábamos placeres tangibles y saludables, un poco como quien decide boicotear a las
tabacaleras teniendo la satisfacción de saber que le está negando su dinero a Philip
Morris”, ha explicado Kingsolver, autora de una docena de títulos de narrativa y poesía.
“Confiábamos en que unos meses al margen de los alimentos industriales sabrían
particularmente bien”.
Lejos de constituir un episodio de militancia ecologista extrema o una excentricidad, la
historia de los Kingsolver-Hopp representa algo así como la punta de lanza de una moda en
auge que, en los Estados Unidos, preconiza el regreso a los viejos hábitos en el comer y, al
mismo tiempo, promueve la rehabilitación del comercio minorista local frente a la cultura
empobrecedora del shopping center.
En esta conversión norteamericana al credo “localívoro”, favorecida por la trepidante alza
mundial en el precio de los alimentos y los combustibles, juega un papel clave un incipiente
modelo socioeconómico de producción que cabría traducir como “agricultura sostenida por
la comunidad” (community-supported agriculture, o CSA).
Tras lo tosco de la expresión, anida una propuesta que vincula, aprovechando los lazos de
vecindad y proximidad geográfica, a los pequeños agricultores con los consumidores.
Explicada la cosa muy sumariamente, los emprendimientos de CSA funcionan como una
suerte de club de compradores, en los cuales cada integrante hace un aporte monetario fijo
al mes que luego se le retribuye en especies con el envío semanal de una cesta de frutas y
verduras frescas.
Se trata de un esquema en el que los agricultores trabajan con la despreocupación de
saber que la venta sus cosechas no dependerá de los imponderables del mercado o de las
condiciones abusivas que les impongan los distribuidores. A cambio, las familias, que en
ocasiones adquieren el derecho a faenar ellas mismas la tierra, reciben alimentos con el
márchamo de orgánicos y la recompensa de ayudar al fortalecimiento de las economías
comarcales.
Para muchos de los “localívoros”, la apuesta por un cambio de paradigma hacia un
consumo más consciente encierra, de hecho, un “componente moral”. Pero sobre todo,
supone una defensa de las texturas, las calidades, los colores y los aromas primarios. Una
reivindicación del gusto, para que se entienda, por los tomates carnosos que saben a
tomates y el pan que huele a hogaza recién horneada.
Por ahí es por dónde le ganan a uno para la causa.
Publicado en El Telégrafo.
Supporting Local Agriculture
The community-supported agriculture is an alternative where, NYT explains, ”farmers are paid an agreed-upon fee in advance of the growing season, making their survival less dependent on the vicissitudes of the market and the cooperation of the elements”.
In exchange, “the shareholders have open access to the land and a guaranteed percentage of the season’s harvest of fruit and vegetables for packages that range from about $300 to $900″.
More on Cutting Out the Middlemen, Shoppers Buy Slices of Farms.
Incolora, inodora, insípida y del grifo
Para los miembros de la pequeña comunidad de Fryeburg, en el nordeste de
Estados Unidos, no parece existir enemigo demasiado temible. Ni siquiera si el
contrincante contra el que han de lidiar es la megacompañía Nestlé, que desde
2003 mantiene en ese boscoso emplazamiento del estado de Maine una planta
embotelladora de agua mineral.
Ante el temor de que las actividades de extración acaben agotando las reservas
de la zona, los vecinos han solicitado a la justicia que fuerce a la firma suiza a
suspender el bombeo anual de 300 millones de litros. En su ruego, los
integrantes de la platafoma constituida para “salvar” el acuífero de Ward’s
Brook han esgrimido que la multinacional alimentaria más poderosa del globo,
además de esquilmar unos recursos que no le pertenecen, está arruinando el
ecosistema de unos parajes celebrados por su edénica belleza.
La todavía inconclusa querella entre los apenas tres mil lugareños de Fryeburg y
el gigante Nestlé ilustra la pujanza de un movimiento insurgente dirigido en los
Estados Unidos a desalentar el consumo de agua en botella. Más allá de agitar
la consabida bandera verde, los impulsores de esta atípica iniciativa pretenden
cargarse de razones al aludir al coste extra que entraña la comercialización en
plástico del oro azul, a la cantidad de residuos que acarrea su envasado, al
despilfarro energético que conlleva su procesamiento y a su discutible
salubridad.
“El agua embotellada es mala para los contribuyentes, es mala para el medio
ambiente y es mala para los sistemas de agua pública”, reiteran desde
Corporate Accountability International, una ONG de Boston que promueve una
exitosa campaña nacional que pide un cambio de hábitos entre los norteamericanos y
pretende, en paralelo, persuadir a los municipios para que anulen sus contratos
con las compañías proveedoras de agua embotellada (de manera que todos los
dispensadores en las dependencias públicas sean de grifo).
Oculta tras la moda antibotella, que ha prosperado con la misma facilidad con la
que cundió antes una moda probotella que en los USA quintuplicó en una
década el consumo pér capita de este producto emblema de la vida sana, se
esconde una discusión de mayor alcance. La controversia acerca de si un
artículo imprescindible, al cual no tienen acceso 1.100 millones de personas en
los cinco continentes, puede quedar librado a la avidez de las corporaciones.
El debate acerca de la privatización o no del agua, que es un pingüe negocio que
también abarca su suministro a través de las tuberías, lleva coleando desde
hace décadas, con dos partidos enzarzados en una tenaz disputa.
Mientras que los impulsores de la filosofía privatizadora afirman que la escasez
del líquido vital que asola al planeta -lo que Naciones Unidas denomina la “crisis
mundial del agua”- se explica por la circunstancia de que ésta no haya sido
considerada un bien económico, los críticos opinan que el ímpetu privatizador no
hace sino agravar la situación de necesidad de los más desfavorecidos. Los
tirios argumentan que someter el agua a las leyes del mercado permitirá
optimizar el recurso y extender los servicios mínimos a toda la ciudadanía. Los
troyanos, por el contrario, objetan que la lógica mercantil no asegura, como
tampoco lo hace con los alimentos, su distribución equitativa.
Frente a estas disquisiciones acerca del modelo de gestión más adecuado, los
hechos se alían con aquellos consumidores que optan por la vía del ahorro,
eligiendo el agua corriente a expensas de las marcas. Según recoge el libro
Bottlemania, que disecciona una industria que, tan solo con la venta de agua en
plástico, factura en los Estados Unidos 11 billones de dólares, estudios de
contrastada solvencia prueban que la mayoría de las veces el fluído que llega
por las cañerías presenta una calidad superior al de su equivalente embotellado.
Pero la verdadera diferencia radica en el precio, como saben los moradores de
Fryeburg, quienes no quieren los botellines aunque se los regale Nestlé. Les
consta, a fin de cuentas, que el agua que mana de los grifos de sus cocinas
procede del mismo reservorio que explota la compañía.
Un agua igual de límpida, pero hasta dos mil veces más barata.
Publicado en El Telégrafo.
